Este lunes debían declarar ante la jueza Nacho Cano y tres de sus colaboradoras por una investigación judicial por la la contratación irregular de un grupo de “becarios” mexicanos para su musical Malinche. Ante la jueza, Cano se ha mostrado “altivo”, según fuentes jurídicas, y la magistrada ha tenido que llamarle varias veces la atención. El productor ha asegurado que él estaba pendiente de la “parte artística” del musical y que no gestionaba temas como los contratos. A la salida de los juzgados ha sido cuando ha vuelto a asegurar que hay una persecución estatal contra él como figura destacada de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso: “Pedro Sánchez va a por mí, pero yo no merezco caer”.
El productor está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecer la inmigración irregular por traer como turistas a una veintena de “becarios” mexicanos sin permiso para participar en su musical Malinche. Sin embargo, para él, todo se trata de un mensaje orquestado por el presidente del Gobierno para hacerle caer: “Esto no va de los chavales mexicanos, están encantados porque van a estrenar en México, no va de una chica pobrecita de la que se aprovechan los policías corruptos. Esto va de algo más grave, va de que van a por mí porque apoyo a Isabel Díaz-Ayuso y Pedro Sanchez le teme”. Y ha sentenciado: “Todo esto que está pasando es una cortina de humo para que nos entretengamos, una gilipollez y yo me voy a encargar de demostrar que esto es así”. Su línea de defensa, por tanto, no ha variado desde el día uno en el que convocó una multitudinaria rueda de prensa para denunciar una persecución de prácticamente todos los poderes del Estado contra su persona.
Cano ha llegado puntual a los juzgados de instrucción de plaza de Castilla anunciando a los reporteros que los atendería después de “hacer el paripé”, en referencia a su declaración ante la instructora. Su declaración ha comenzado a las diez de la mañana y se ha prolongado durante una hora y media. De las otras tres investigadas, otra se ha excusado por una baja médica y otra, que se encuentra en México, declarará finalmente otro día porque este lunes no se ha podido organizar la videollamada. Durante toda su declaración, el productor musical ha defendido que él no tenía nada que ver en las contrataciones y ha vuelto a cargar contra la actuación policial, su defensa habitual desde el inicio del proceso.
En noviembre testificó la denunciante que dio inicio a este proceso, Lesly Ochoa, quien se ratificó “punto por punto” en los hechos que expuso en comisaría cuando dio inicio a esta causa, el pasado enero. Lesly ratificó que existía una estrategia preparada previa para que el grupo mexicano llegara a España como turistas cuando en realidad venían a trabajar en el espectáculo, según su versión. Todo esto lo expuso en la sala. En sus apariciones públicas consisten, sin embargo, en su ya habitual actuación interpretando ante la prensa Lucha de gigantes, de Nacha Pop.
Este lunes también ha acudido a las puertas del juzgado, aunque su presencia no se requería este lunes en el proceso judicial y ha hablado en lugar de cantar. “Aquí vinimos a trabajar y no se nos pagaba ni el sueldo mínimo. Me despacharon como si no valiera nada”, ha asegurado. “Ha reconocido la relación entre los trabajadores mexicanos y ellos, pero ha intentado evadir responsabilidades como responsable artístico”, ha asegurado Alfredo Arrién, letrado de Ochoa. El abogado ha explicado que la instrucción, la fase previa a un posible juicio, continúa con normalidad y en las próximas semanas se tomarán nuevas declaraciones.
La semana pasada fue el turno del policía instructor del caso que detalló la “explotación laboral” a la que, según sus pesquisas, estaban sometidos los “becarios”, con horarios que se alargaban hasta 12 horas y por los que cobraban 500 euros. Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Cano, manifestaron a la salida de esa sesión que este procedimiento penal era “un esperpento” y reiteraron que durante la declaración se había “cercenado” su derecho de defensa al señalar sus preguntas como “impertinentes”.
