Desde que el Partido Popular ganó las elecciones del 23 de julio de 2023 sin conseguir armar en el Congreso una mayoría que lo llevase a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo y su partido han hecho de la deslegitimación del Gobierno y de sus apoyos parlamentarios un pilar de su tarea de oposición. En los últimos días, sin embargo, los populares han prescindido por completo de la responsabilidad que se le supone a un partido de Estado llamado a gobernar un día.
Sin aportar la más mínima prueba, el expresidente José María Aznar dejó caer el domingo la grave sospecha de que Pedro Sánchez pudo haber alterado el resultado de aquellas generales. Su única base para una acusación de tal calado es la conversación entre Santos Cerdán y Koldo García, destapada en el informe de la UCO, en la que el primero pide al segundo que meta “dos papeletas” en una urna de las primarias socialistas de julio de 2014. Es decir, un mensaje enviado por uno de los imputados en una causa aún bajo investigación y referido a unas primarias que Sánchez ganó por 16.000 votos.
Resulta desproporcionado e irresponsable aventar la desconfianza no ya sobre un partido sino sobre uno de los pilares del Estado de derecho: el sistema electoral. Desde la recuperación de la democracia, España ha celebrado 16 elecciones generales y decenas de otro ámbito y nadie ha puesto jamás en cuestión la limpieza del proceso en los términos en que los que lo está haciendo el PP. Los principales organismos internacionales de evaluación, como la OSCE, consideran de máxima calidad el sistema electoral de España, que cuenta con todos los controles para garantizar la trasparencia de unos comicios.
A la desmesurada inferencia de Aznar se han sumado además Mariano Rajoy y el propio Feijóo, que ha desenterrado la supuesta manipulación del voto por correo que su partido agitó en la campaña de hace dos años. El PP lleva semanas con ese mantra —este martes volvió a utilizarlo su portavoz parlamentario— aprovechando los cargos que Leire Díez ocupó en Correos, organismo que ha desmentido tajantemente que la hoy exmilitante socialista tuviese ninguna responsabilidad sobre el sufragio postal.
Deslegitimar los resultados electorales si no les son favorables es una arraigada costumbre de la derecha española. Pero Feijóo, candidato del partido que en 2023 ganó las elecciones que ahora pone bajo sospecha, debería ser consciente de que quien acusa sin pruebas corre el riesgo de ser acusado de la misma forma. Poner en marcha esa espiral y sembrar en los ciudadanos la desconfianza en el sistema solo consigue dañar la democracia representativa, algo especialmente serio en un momento en el que esa es la apuesta ultra en todo el mundo. El PP está en su derecho de utilizar los argumentos que crea convenientes para criticar y desgastar al Gobierno, pero sería bueno que tuviera presente que no todo vale para hacer oposición.