El escenario que abre la investigación sobre el llamado caso Koldo, aún en sus inicios, es una trama de mordidas a cambio de obra pública que por ahora afecta al Ministerio de Transportes, a la dirección general de Carreteras, el administrador ferroviario Adif, a varias constructoras y a la Secretaría de Organización del PSOE, es decir, el corazón operativo del partido en el Gobierno. A la espera de ver cómo se sustancia judicialmente, el cuadro general del escándalo es demasiado familiar.
Es pertinente preguntarse cómo es posible que se repliquen en lugares tan obvios comportamientos delictivos identificados hace décadas; cómo es posible que no haya mecanismos de prevención que detecten las señales desde el minuto uno y den la alarma. El juez está dilucidando la responsabilidad penal, y al presidente del Gobierno se le exige con razón que dé una respuesta política, pero también es necesario elevar la mirada a un sistema político sin suficientes controles preventivos.
Con cada escándalo, los partidos han ido endureciendo el Código Penal. Pero el poder disuasorio del castigo es claramente insuficiente ante la tentación de enriquecerse. Menos aún cuando una justicia con pocos medios especializados tarda décadas en llegar a emitir sentencia. El caso Koldo demuestra que no hay cortafuegos eficaces para evitar que este esquema se siga reproduciendo a escala estatal, autonómica y local. España no mejora en las clasificaciones internacionales de lucha contra la corrupción, sino que empeora.
Esos controles sistémicos están bien diagnosticados, pero ninguno de los grandes partidos ha considerado una prioridad instaurarlos. Los conceptos son tan sencillos como la transparencia absoluta y en tiempo real de los procesos de contratación; la transparencia también en las agendas de los responsables públicos para conocer cada reunión que tienen y con quién; reducir al mínimo la subjetividad en las adjudicaciones; eliminar focos de arbitrariedad como las adjudicaciones a dedo de contratos pequeños; o dejar el proceso en manos de funcionarios independientes protegidos de los políticos. La regulación de los lobbies o de los conflictos de interés están siempre en la agenda de los partidos, y siempre pendientes. La UE ha señalado que España no tiene una estrategia integral contra la corrupción, ni agencias públicas especializadas. Donde se puede, los controles se reducen, no se aumentan.
La lucha contra la corrupción no puede depender de la valentía de denunciantes, ni esperar a que los corruptos se traicionen entre ellos, como sucede a menudo. Los controles tienen que formar parte de la estructura del sistema. En las semanas y meses de revelaciones y descalificaciones políticas que vienen, el Congreso tiene que encontrar el momento de tener este debate que interpela a todos y nunca conviene a nadie.