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España es uno de los países europeos con menor presión fiscal verde, esto es, que menos tributos medioambientales recauda en proporción al tamaño de la economía. La política fiscal y la de lucha contra el cambio climático han seguido caminos divergentes que la fragilidad parlamentaria pone muy difícil resolver. El actual sistema no redistribuye, es regresivo y no compensa, lo que amplifica la percepción del ciudadano de que soporta una gran parte del reparto de la carga y crea desafección. Un ejemplo es el de la tasa de las bolsas de plástico, o de los envases de un solo uso. Se cobra a todos por igual, no hay incentivos para el reciclaje y su recaudación –600 millones de euros en 2024– no se destina a paliar los cambios del clima en el colectivo más vulnerable.
“Tenemos una fiscalidad del siglo XX que no está alineada con los objetivos del cambio climático”, sintetiza Borja Gambau, economista de AFI especializado en finanzas públicas. La hoja de ruta para modernizar el sistema está descrita en el Libro Blanco de la reforma fiscal de 2022, pero Hacienda no ha logrado cuestiones tan básicas como que sus socios en el Congreso aprueben la equiparación del diésel y la gasolina.
El comité de personas expertas del Libro Blanco subraya una de las principales incoherencias entre los objetivos para luchar contra el cambio climático y la fiscalidad. España quiere electrificar la economía y, sin embargo, le pone impuestos que la encarecen.
A diferencia de otras figuras impositivas, el objetivo de la fiscalidad verde es corregir las “externalidades negativas” es decir, los comportamientos que pueden dañar el medio ambiente. Su función no es recaudatoria. Mediante la subida de precios se busca que el ciudadano o la empresa modifique un hábito (similar al impuesto del tabaco).
El principio por el que se debe regir esta tributación es “quién contamina más, paga más”, pero esta distribución de las cargas no se cumple en el caso español.
Ante la resistencia creciente a pagar por la transición energética, con el precedente de los chalecos amarillos en Francia que ha traumatizado a los legisladores europeos, los expertos (y la Comisión Europea), piden acompañar los planes fiscales de medidas compensatorias que conecten al ciudadano con su esfuerzo ecológico. “Es importante acertar con las propuestas tributarias y centrarse en aquellos casos donde los incentivos introducidos lleven a cambios relevantes”, dice Xavier Labandeira, coautor del Libro Blanco y catedrático de la Universidad de Vigo. “En España la mayor parte de estos problemas [del clima] están agravándose, no reduciéndose”.
La UE ha creado un Fondo Social para el Clima que se nutrirá con el 25% de la recaudación de algunos impuestos, como los destinados a la movilidad limpia, y que redundará en un apoyo a los más vulnerables. Y es que conectar renta y carga verde es crítico para que los hogares con menos recursos no se sientan los paganinis del cambio climático.
Los datos muestran una relación entre renta y polución. Héctor Lama, director técnico de la patronal fotovoltaica UNEF, dice que la intensidad energética viene muy marcada por los ingresos. Es claro en el caso de los combustibles, donde las rentas altas usan más hidrocarburos (por tipos de coches, etc) o no están tan electrificados, consumiendo otros tipos de energía como el gas natural.
El Libro Blanco pidió la supresión del Impuesto sobre la Producción Eléctrica y la modificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Durante la crisis energética, el Gobierno rebajó ambos tributos pero los ha vuelto a aplicar. Desde Hacienda explican que “una vez superada la fase más aguda de la inflación, la fiscalidad ha vuelto de forma progresiva a la normalidad” pero ese regreso al sistema previo va en contra de los objetivos climáticos que defiende el Ejecutivo. Los deciles más bajos de ingresos son más dependientes de la electricidad y la energía es un insumo que se cobra una porción más alta de su renta disponible.
Propuestas como impuestos al combustible de los yates o a los billetes de avión son necesarias para la equidad fiscal verde. Pero además, los paquetes compensatorios deben ayudar a la justicia fiscal. Natalia Collado, investigadora en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, apunta al modelo de Canadá, conocido como ingreso climático, como uno de los mejores para repartir la carga por renta y nivel de huella sucia. Las familias pagaban un precio por las emisiones de CO2 que luego se recalculaba en función de varios parámetros para devolver el excedente en forma de cheque a los hogares. Pese a que el consenso de expertos lo veía como un buen sistema, en abril de 2025 Canadá lo suspendió. Para Collado, es un caso de una buena práctica que no se supo explicar al gran público. La pedagogía en la implementación de la fiscalidad verde es singularmente crítica.
Con el diseño actual, hay pocos incentivos a la reutilización y al reciclaje de envases. Alemania tiene un diseño muy valorado por el que los envases retornables generan una compensación directa a quien hace el esfuerzo de acercarse a un punto limpio a devolver un recipiente. España se comprometió a implantar un sistema similar, pero por ahora solo se castiga el uso de envases de plástico de un solo uso (como la famosa bolsa) sin que haya un incentivo claro para colocar el empaquetado en el sitio correcto. Cabe recordar que las bolsas de papel también contaminan, al tener una huella de carbono significativa en su producción.
La mayoría de las ciudades tampoco han tenido en cuenta el esfuerzo reciclador en la nueva, y polémica, tasa de gestión de residuos municipal. Los criterios que se han tomado son de lo más variopintos, pero en pocos casos la renta o la generación de residuos de cada hogar están en la ecuación.
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