Santos Cerdán declaró este lunes por primera vez como investigado, después de que la Guardia Civil entregara en el Supremo un informe que le implica en la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones vinculada al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
El magistrado Leopoldo Puente imputó a Cerdán el pasado 20 de junio por organización criminal y cohecho. Tras su declaración en el Supremo, el juez considera que también hay indicios para atribuirle un delito de tráfico de influencias.
Tras rechazar la semana pasada encarcelar a Ábalos y a Koldo García por considerar que no se daban los requisitos necesarios, el juez cree que, en el caso de Cerdán, sí existe “un riesgo cierto” de que, si siguiera en libertad, el exdirigente socialista oculte, destruya o altere pruebas relevantes para la investigación.
El instructor recalca que hay bastantes indicios no solo de que Cerdán participó en la trama de corrupción, sino de que tenía un papel principal en ella, ya que era a él a quien Koldo García reclamaba, para sí mismo y para Ábalos, el dinero que supuestamente pagaban las empresas a cambio de las adjudicaciones ilegales de obras públicas.
El juez da credibilidad a los audios en los que Cerdán, Koldo García y Ábalos conversan sobre supuestos pagos de empresas a las que se les adjudican obras. Según el instructor, no parece creíble que, como ha alegado el ex secretario de Organización del PSOE, García o la propia Guardia Civil hayan podido manipular o simular las grabaciones.
El magistrado advierte de que, además de los audios, hay otros indicios contra Cerdán. Entre ellos, su vínculo con Servinabar, una pequeña empresa navarra a la que se le adjudicaron varias obras y a la que los investigadores consideran clave en los primeros años de la trama. Cerdán ha admitido ante el juez haber firmado en 2016 un documento para la compra del 45% de las acciones de esta empresa a cambio de 6.000 euros, pero ha asegurado que cambió de idea y nunca pagó ese dinero.
El instructor insiste en que los indicios recabados hasta ahora sitúan a Cerdán como la persona que, supuestamente, contactaba con las empresas constructoras para recaudar las mordidas y se las hacía llegar a Ábalos y Koldo García.
El magistrado calcula que el importe obtenido por la trama corrupta gracias a los amaños de obras puede superar los cinco millones de euros porque, solo a Acciona, se adjudicaron trabajos por más de 550 millones de euros. Esto, según el magistrado, apunta a que, además de Cerdán, Ábalos y Koldo García, pudo haber más personas «físicas o jurídicas» beneficiarias de las mordidas.