En las islas Columbretes, un pequeño archipiélago mediterráneo bajo protección por su gran valor ecológico a 30 millas marinas de Castellón, estos días no hay ningún guarda de vigilancia pendiente del radar. Según el investigador Diego Kersting, del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), esto que no había ocurrido nunca antes desde la creación de este espacio protegido en 1990, ni los fines de semana, ni ningún festivo, ni siquiera durante la crisis financiera o la pandemia, se debe a un recorte de fondos del 40% en la vigilancia y el mantenimiento de las 12 reservas marinas de interés pesquero gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
La crítica de Kersting está respaldada por una carta en contra de la reducción de fondos firmada por 221 científicos del país que trabajan con ecosistemas marinos. Sin embargo, a las preguntas de este periódico, el departamento de Luis Planas defiende que “no hay un recorte presupuestario, sino un cambio en el modelo de gestión, adaptado a los nuevos tiempos, con el uso de nuevas tecnologías, buscando la eficiencia y apostando por la utilización de recursos propios del Estado”.
El MAPA asegura que se ha decidido que las funciones de vigilancia de estas reservas “sean asumidas por el cuerpo de Inspectores de Pesca Marítima del Estado“, con ”la incorporación de tecnología de última generación”. En concreto, con “el seguimiento satelital de toda la flota profesional (VMS)” —incluyendo de forma progresiva embarcaciones de artes menores de 12 metros y pesca recreativa— y “la instalación de cámaras inteligentes para prevenir furtivismos”.
Esta respuesta del Ministerio de Agricultura choca de forma frontal con el testimonio del delegado sindical de CGT de Tragsatec en Castellón, David Molina, que también es uno de los dos únicos guardas que quedan para vigilar la reserva de las islas Columbretes, tras el despido de dos de sus compañeros a finales de septiembre. “Allí, ahora mismo, no hay nadie que actúe como guarda y las cámaras colocadas son cero”, afirma rotundo Molina, que explica que las dos personas que quedan capaces de pilotar un barco, sumergirse como buzos, manejar la radio o controlar el radar son ya insuficientes para garantizar la continuidad de los turnos (de 15 días), pues a veces deben trabajar juntos o cogerse vacaciones. Según precisa, hay otros trabajadores autonómicos, pero más dedicados a mantenimiento.
“Lo de las cámaras nos da risa y aunque se siga con satélite a las embarcaciones de pesca, estas apagan y encienden la geolocalización cuando les da la gana, pero un barco de arrastre en un solo día puede tirar por el suelo todo el trabajo de 30 años de conservación”, recalca Molina, que considera que no tiene sentido dedicar recursos públicos para vigilar estas reservas y dejarlas cada cierto tiempo desprotegidas.
Los trabajadores de vigilancia de otras reservas marinas, como la de isla Graciosa, en Lanzarote (Canarias), también han dado la voz de alarma por lo que consideran una “situación insostenible”.
Todo esto ocurre en un momento en el que España está sumando muchas nuevas reservas marinas, para enmendar un déficit histórico. Aunque en 2013 estas apenas suponían el 1% de las aguas territoriales, hoy en día ya hay más superficie protegida en el mar que en tierra. Y, de forma reciente, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sacó en el BOE la creación de cinco nuevos espacios marinos de la Red Natura 2000: Montes submarinos del canal de Mallorca; Montes submarinos y campo de pockmarks del Seco de Palos; Sistema de Cañones Tributarios de Capbretón; Bancos y Gargantas del Mar de Alborán; y Espacio Marino de la Costa Central Catalana. Con estas nuevas, España ya cuenta con 1,7 millones de hectáreas marinas protegidas, el 22,5% de sus aguas territoriales.
Además, el Miteco está ultimando en estos momentos la creación de una reserva en una enorme zona de cría de cachalotes en el norte de Menorca y del Parque Nacional del Mar de las Calmas en el Hierro, dos nuevos espacios de gran relevancia con los que se llegaría al 25% de superficie protegida. El ministerio alcanzaría así el objetivo que se marcó para 2025, como hito intermedio para llegar en 2030 al 30% fijado por el convenio internacional de Diversidad Biológica.
Dentro de estos porcentajes se encuentran también las 12 reservas marinas de interés pesquero dependientes del MAPA, como la de Columbretes o la isla Graciosa. De hecho, estos espacios son de los que cuentan con mayores restricciones. Los investigadores críticos con los cambios en estos lugares advierten de que no vale de nada ampliar el número de reservas si luego su protección se queda en papel mojado. Según Kersting, “si un sitio se declara como protegido, pero luego no hay realmente una vigilancia eficaz, puede ser incluso contraproducente, porque tiene un efecto llamada”. “Para eso, es mejor dejarlo como está”, destaca.
Aunque en la supervisión de estas áreas protegidas pueden participar otros servicios de ámbito autonómico, para aquellos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento de Sara Aagesen lleva unos años formando un nuevo cuerpo de agentes medioambientales marinos. En el caso del MAPA, los guardas son fundamentalmente trabajadores de la empresa Tragsatec. O así ha sido hasta ahora, dado que el ministerio de Luis Planas asegura que quiere que estas funciones de vigilancia sean asumidas por el cuerpo de Inspectores de Pesca Marítima del Estado.
“Si no tienen inspectores ni para enviar a las lonjas a controlar, ¿cómo van a enviar a uno a vigilar unas islas a 30 millas de la costa?, ¿cuántos días al año van a ir? Lo que están diciendo es absurdo», comenta Kersting.
El científico concreta que: “Las reservas marinas españolas, en concreto las del MAPA, las de interés pesquero, han sido un referente internacional en cuanto a vigilancia y efectividad. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo de guardas dedicado exclusivamente a esto, que son patrones de embarcación, buzos profesionales, que conocen muy bien la zona. Así han funcionado desde la creación de la primera, que fue la Isla de Tabarca, en 1986, lo que supone 40 años de inversión pública en conservación marina. No entiendo por qué quieren tirar todo esto por la borda».
Sobre esto, el MAPA afirma que “de cara a lo que queda de 2025, los Servicios Territoriales seguirán programando salidas periódicas de inspectores para garantizar presencia continua en todas las reservas marinas”. Y asegura que tienen previsto realizar “tres inspecciones al mes durante octubre, noviembre y diciembre desde los servicios centrales del cuerpo de Inspectores de Pesca Marítima del Estado”. Una periodicidad que para los investigadores críticos y guardas actuales no tienen nada que ver con la vigilancia diaria realizada en las últimas décadas.
“Esta nueva gestión reforzará el compromiso del Ministerio con esta figura, ya que la nueva estructura de gastos y el ahorro por el uso de medios propios permitirá la creación de nuevas reservas, reforzando la red actual”, incide el MAPA. Mientras tanto, Molina recalca que la mera presencia de guardas en las islas Columbretes tiene un efecto disuasorio que ahora desaparece: “Nosotros podemos actuar ante de que se produzca algún daño, si se ponen cámaras entonces se podrá sancionar, pero no evitar que ocurra”.