Pedalean bajo la lluvia o a pleno sol, entre el tráfico y sin descanso. Muchos son migrantes, trabajan sin contrato, sin derecho a vacaciones ni baja médica, con unos ingresos que fluctúan a diario. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, el 68% de los riders sufre ansiedad, consecuencia directa de la precariedad laboral y la presión incesante de los algoritmos que orquestan su jornada. Ante esta falta de regulación, España fue pionera en 2021 al aprobar la Ley Rider, que forzó a plataformas como Glovo a reconocer a sus repartidores como empleados. Ahora, Bruselas impulsa una normativa similar contra los abusos de la uberización laboral, que deberá aplicarse a más tardar en 2026.