El Consejo de Ministros aprobará este martes la incorporación definitiva de los terrenos de la cárcel derruida de Carabanchel, en Madrid, a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), el organismo sobre el que el Ministerio de Vivienda pivotará sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años. Esta transmisión se produce nueve meses después de que empezaran unos trámites que quedaron paralizados por el decaimiento del decreto ómnibus en el que se regulaban los términos en los que se llevaría a cabo la asignación de todos los terrenos a este organismo. Antes pertenecían al Ministerio de Interior.
Una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, el día después de su aprobación en el Consejo, 27.000 metros cuadrados de los 172.000 de los que cuenta el solar de la antigua penitenciaria pasarán a manos del ministerio que dirige Isabel Rodríguez, y concretamente a la Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida, conocida como Sepes. El resto continuarán en manos del Ayuntamiento de Madrid. La nueva superficie adquirida se sumará a los 2.400 suelos que ya están en manos de este organismo ―además de 40.000 viviendas― provenientes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más coloquialmente tildada como el banco malo.
Con esta transmisión desde Interior, al Sepes le corresponderá la gestión de tres parcelas y parte de una cuarta compartida. En este emplazamiento, el Gobierno tiene pensado edificar 508 viviendas asequibles, además de dinamizar la zona con otro tipo de instalaciones, tal y como vienen demandando distintas asociaciones vecinales. En una de las parcelas, la más grande, se ha previsto la construcción de un hospital. El paso de Interior se suma al de otros ministerios como el de Defensa y de Hacienda, que ya entregó suelos como el del acuartelamiento de La Rubia, en Valladolid; o el de entidades públicas como Adif.
Mediante la aprobación de distintos decretos ley, el Gobierno ha venido configurando la nueva forma que quiere darle al Sepes para convertirlo en una gran empresa estatal que esté presente en todo el ciclo residencial (urbanización, construcción, gestión y alquiler de viviendas), y, al mismo tiempo, en una especie de portal de búsqueda de vivienda pública asequible. Para ello, ha modificado su reglamentación, de forma que el Sepes pueda ser beneficiario de transferencias de inmuebles a Patrimonio del Estado, y destinarlos al alquiler; al tiempo que ha ampliado su objeto social, permitiéndole actuar en rehabilitación, regeneración urbana y también en promoción y gestión de vivienda
Asentamiento histórico
El paso de este martes impulsa uno de los ejes principales del Plan de Vivienda para 2026-2030 en el que el Gobierno ha previsto facilitar la construcción de vivienda protegida como remedio a la enorme crisis en el acceso que afecta ahora mismo a miles de personas. Al mismo tiempo, al tratarse de un emplazamiento con pasado franquista ―entre otros reos políticos y opositores al régimen, allí se encarceló al histórico líder sindical de CC OO, Marcelino Camacho; a Miguel Boyer, que tras su salida se convirtió en ministro de Economía; al cantante Miguel Ríos o al humorista Miguel Gila―, esta reconversión viene siendo una demanda para asentar la memoria histórica en este terreno, hoy prácticamente abandonada.
Pese a que todavía no está definido cómo se llevará a cabo este asentamiento, desde el Ministerio de Vivienda confirman que una vez se dé comienzo a la fase de diseño se reunirán con las distintas asociaciones de vecinos para escuchar sus propuestas.